En 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
estableció el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La
fecha tiene como objetivo sensibilizar y comprometer a los estados a
desarrollar acciones que aboguen por su prevención y erradicación.
El trabajo infantil es un problema social complejo y multicausal,
condicionado por factores económicos, políticos, sociales y culturales, como la
distribución inequitativa del ingreso y la riqueza, el desempleo, la demanda de
mano de obra "barata", entre otros. Todas estas cuestiones y aspectos deben
estar presentes al momento de diseñar y ejecutar políticas para abordar la
problemática.
El trabajo infantil se presenta de diversas maneras y en
diferentes ámbitos, vulnerando derechos e impidiendo que el acceso a la
educación pueda efectivizarse en plenitud. Entre fines del siglo XX y
principios del XXI se desarrollaron en el país avances normativos destinados a
proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. A estos se han sumado
otras acciones como la institucionalización de la Comisión Nacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) en el 2000 y la sanción de la Ley
26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo
Adolescente, en 2008. Esta última establece la edad mínima de admisión al
empleo en 16 años y establece condiciones de protección especial hasta la
mayoría de edad.
El Ministerio de Educación de la Nación lleva adelante estrategias
que contribuyen a proteger a sus estudiantes. Así lo establece la Ley 26.206 de
Educación Nacional en su artículo 82: ?Las autoridades educativas competentes
participarán del desarrollo de sistemas locales de protección integral de derechos
establecidos por la Ley Nº 26.061, (...) promoverán la inclusión de niñas y
niños en espacios escolares no formales como tránsito hacia procesos de
reinserción escolar plenos. (...) Asimismo, participarán de las acciones
preventivas para la erradicación efectiva del trabajo infantil.